La propuesta de bajar a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima
en autopistas, autovías y carreteras de Barcelona y su entorno para combatir
la contaminación atmosférica ha levantado polvareda. Organizaciones
como el RACC, la OCUC o la patronal de las pymes son contrarias, mientras los
promotores de la movilidad sostenible y las asociaciones contra los accidentes
aplauden la iniciativa de la Conselleria de Medi Ambient que ayer publicó
el Diari Oficial de la Generalitat.
El objetivo de esta y otras medidas, hasta un total de 77, es lograr que las
emisiones contaminantes se reduzcan el 30% de ahora al 2010. No obstante, el
fin perseguido no eximirá a la normativa de la polémica, por razones
objetivas o derivadas del escepticismo con que se acogen casi siempre las iniciativas
de la Administración.
Se espera que, en el caso los turismos, las reducciones de las emisiones de
óxidos de nitrógeno oscilen entre el 27% y el 50%, según
la cilindrada. Igualmente, se ha previsto incrementar los controles para reducir
la velocidad real de circulación.
Preocupa además el incremento de la emisión de partículas
- agravado por la velocidad- en los coches de motor diésel, por lo que
Medi Ambient reclamará al Gobierno que exija que las flotas de nuevos
autobuses y camiones lleven instalados filtros para retener las partículas.
El plan prevé que los vehículos existentes de las flotas de los
servicios municipales (transporte, recogida de basuras, limpieza viaria...)
incorporen estos filtros en tres años (antes del 2009) aprovechando los
procesos de sustitución de estos vehículos.
Por su parte, la disminución del tránsito debe ser del 10% en
las vías secundarias y del 5% en las urbanas. Sin embargo, no se concreta
con qué instrumentos de gestión viaria se logrará, pues
las medidas dependerán del plan de movilidad de la región metropolitana
de Barcelona, que se está ultimando, y de los demás planes municipales
de movilidad.