Hasta ahora sólo los camiones y autobuses llevan este dispositivo.

Esta propuesta fue planteada por el defensor del Pueblo durante su comparecencia ante la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, en la que abogó por esta medida "aun conociendo los inconvenientes y dificultades", casi todas, dijo, de carácter económico, que podría suscitar.

Para Múgica, merece la pena iniciar un debate en torno a esta medida y buscar consensos necesarios para conseguir una mayor seguridad vial y salvar todas las vidas que sean posibles.

"Ello puede suponer, como contrapartida de la seguridad proporcionada, la cesión de algunas aparentes ventajas propias de los vehículos modernos, como las que proporcionan una mayor velocidad a los mismos; sin embargo, la primacía del derecho a la vida y a la integridad física debe considerarse prioritaria", afirmó Múgica.

La adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y Carrió, indicó en su intervención que "la ciudadanía no entiende cómo hay una limitación en las carreteras y cómo se venden coches que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora".

Múgica defendió la necesidad de reformar el Código Penal y se mostró de acuerdo con las propuestas del director general de Tráfico de calificar como delito penal el exceso de velocidad del límite de la vía en más de 60 kilómetros por hora, y superar un gramo por litro de alcohol en sangre cuando se conduce.

"La indeterminación legal no se ajusta en estos momentos, dada la potencia y el número de vehículos existentes, a la realidad del tráfico rodado, ni es adecuada para hacer frente a la alta siniestralidad que tiene nuestro país", sentenció. Y recordó que el 36% de los conductores fallecidos superaba la tasa de alcoholemia permitida.